La sobrecarga del trabajo no remunerado en las actividades de cuidado para las mujeres. Recomendaciones de justicia laboral

Esta entrada es una reseña del documento: La sobrecarga del trabajo no remunerado en las actividades de cuidado para las mujeres. Recomendaciones de justicia laboral de la misma autora.
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El trabajo aborda un problema estructural profundamente arraigado en las sociedades contemporáneas: la desigual distribución del trabajo no remunerado de cuidado, que recae abrumadoramente sobre las mujeres. Este documento de posicionamiento, basado en una investigación académica realizada en el Ecuador, representa una valiosa contribución al debate sobre justicia de género, economía del cuidado y políticas públicas con enfoque feminista.

Desde un enfoque de economía feminista, el documento visibiliza cómo las actividades de cuidado –aunque vitales para el sostenimiento de la vida y la economía– permanecen desvalorizadas e invisibilizadas en las estadísticas oficiales, las cuentas nacionales y la formulación de políticas. La autora se enfoca particularmente en la situación de las mujeres ecuatorianas entre 2010 y 2019, utilizando una sólida base de datos como la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) y la Encuesta del Uso del Tiempo (EUT) desarrolladas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

Este estudio se inscribe en una coyuntura crítica de las brechas de género y la precariedad laboral que enfrentan las mujeres en comparación con los hombres, además de las necesidades de cuidado y la exigencia de soluciones transformadoras como un sistema de cuidados. A lo largo del documento, la autora no solo aporta evidencia empírica relevante, sino que también plantea propuestas políticas concretas desde un enfoque estructural e interseccional.
Principales resultados

Los hallazgos de esta investigación revelan una serie de patrones y dinámicas que permiten comprender con mayor claridad cómo se configura la oferta de trabajo no remunerado en el Ecuador y cómo esta afecta a las mujeres. Uno de los principales resultados es la relación inversa entre el ingreso laboral y las horas dedicadas al trabajo no remunerado: a medida que las mujeres tienen incrementos en sus ingresos laborales, son más sensibles a reducir el tiempo que dedican a las labores de cuidado. En 2019, por ejemplo, se estimó que un incremento del 1 % en el ingreso laboral de las mujeres se asoció con una reducción de hasta 8.76 horas semanales de trabajo no remunerado. Este patrón se vuelve aún más evidente en contextos de crisis económica, como ocurrió en 2016, cuando debido a la caída del precio del petróleo y la contracción del empleo adecuado, las mujeres disminuyeron tanto sus horas de trabajo remunerado como no remunerado, buscando adaptarse a un entorno económico adverso.

Otro resultado relevante es la relación entre el ingreso no laboral (transferencias monetarias públicas y privadas) y el trabajo no remunerado. Hasta 2017, se observaba una relación directa: mayores ingresos no laborales implicaban mayor tiempo destinado al cuidado. Sin embargo, a partir de 2018 esta dinámica cambia y se vuelve inversa, lo que sugiere que las transferencias pueden ser un apoyo que libera tiempo para que las mujeres se inserten en el mercado laboral o accedan al descanso. En este sentido, los programas de protección social podrían estar contribuyendo indirectamente a aliviar la carga de cuidado de las mujeres.

El análisis también identificó que la composición del hogar es un factor determinante en la carga de trabajo no remunerado. La presencia de niños menores de 6 años incrementa en 1.8 horas semanales el trabajo de cuidado, mientras que tener en el hogar una persona con discapacidad puede aumentar esta carga hasta en 18 horas adicionales por semana. Estos datos subrayan la importancia de considerar la estructura familiar en el diseño de políticas públicas, especialmente aquellas dirigidas a aliviar las desigualdades de género.

Finalmente, se encontró que las mujeres con estabilidad laboral –es decir, con contratos indefinidos o nombramientos– dedican menos tiempo al trabajo no remunerado, aunque esta relación ha perdido fuerza con el tiempo. En 2013, esta reducción alcanzaba hasta 3.18 horas semanales, mientras que en 2015 apenas llegaba a 1.4 horas. Esto evidencia que las condiciones laborales dignas pueden influir positivamente en la redistribución de las responsabilidades de cuidado.

El estudio concluye que la sobrecarga del trabajo no remunerado es una manifestación estructural de la desigualdad de género, con implicaciones profundas en la vida económica y social de las mujeres. La triple jornada que enfrentan –productiva, reproductiva y comunitaria– limita su tiempo disponible para el aprendizaje, el esparcimiento, la participación social y, sobre todo, para insertarse en condiciones equitativas en el mercado laboral. Las mujeres ecuatorianas trabajan en promedio 34 horas remuneradas por semana, cifra inferior a la jornada legal de 40 horas y menor a la de los hombres, lo que se suma a una brecha salarial persistente del 19.81 % durante el período 2010–2019.

El estudio también ratifica que la estructura del hogar y las responsabilidades de cuidado asociadas a la maternidad o la presencia de personas dependientes incrementan de manera significativa la carga global de trabajo para las mujeres. Estas condiciones restringen su autonomía económica, refuerzan su inserción en sectores de menor remuneración y aumentan su exposición a la informalidad. A pesar de que el cuidado constituye un aporte fundamental al sostenimiento de la vida y de la economía, permanece invisibilizado en las políticas públicas y las cuentas nacionales, perpetuando una visión androcéntrica del desarrollo.

Se concluye, además, que el acceso a empleos estables y bien remunerados, así como a servicios públicos de cuidado, puede incidir positivamente en la redistribución del trabajo doméstico y liberar tiempo para otras actividades productivas o de descanso. Por ello, las condiciones laborales y el acceso a redes de apoyo institucionales son clave para avanzar hacia la igualdad.
Frente a la evidencia presentada, se propone una serie de medidas estructurales que permitan reconocer, reducir y redistribuir el trabajo no remunerado de cuidado desde un enfoque de justicia de género. En primer lugar, se destaca la necesidad de implementar un sistema nacional de cuidados, con carácter universal, público y con estándares de calidad, que provea servicios de atención a la niñez, personas mayores, personas con discapacidad y otras personas en situación de dependencia. Este sistema debe desfamiliarizar, desfeminizar y desprivatizar el cuidado, de modo que deje de recaer exclusivamente en las mujeres dentro de los hogares.
Además, se recomienda articular las transferencias monetarias existentes (como el BDH, BDH variable, Bono Joaquín Gallegos Lara, etc) con servicios de cuidado, buscando no solo aliviar la pobreza, sino también liberar tiempo para las mujeres y mejorar su inclusión laboral. Esta articulación debe considerar la diversidad territorial, étnica y socioeconómica del país.

La consolidación de un sistema de protección social robusto requiere, sin duda, de un compromiso fiscal sostenible que permita alejar estas políticas de los ciclos políticos o económicos. Se advierte que la austeridad fiscal, los recortes presupuestarios y la focalización extrema han debilitado la capacidad del Estado para proveer servicios sociales, trasladando la responsabilidad del bienestar a las familias y, en última instancia, a las mujeres. Por ello, es fundamental repensar las prioridades presupuestarias y políticas, fortaleciendo la inversión en cuidado como un eje clave para la equidad.

En el plano regional, el documento destaca experiencias exitosas como la Ley de Cuidados en Uruguay, que garantiza el derecho al cuidado y ha promovido la autonomía económica de las mujeres; así como las Manzanas del Cuidado en Bogotá, una política pública que no solo ofrece servicios a personas dependientes, sino que también cuida a quienes cuidan, principalmente mujeres. Estas experiencias muestran que es posible transformar el cuidado en un derecho humano garantizado por el Estado y profesionalizar esta labor, reconociendo su valor social y económico.

En definitiva, reconocer el trabajo de cuidado como una responsabilidad colectiva y no exclusivamente femenina, y reorganizarlo entre el Estado, la comunidad y los hogares, es un paso urgente hacia sociedades más justas e igualitarias. El cuidado debe salir del ámbito privado y convertirse en un eje estructural de la política económica y social.

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Referencias

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• Gutiérrez, D. (2019). Essays in Female Labor Supply in Ecuador. https://kuscholarworks.ku.edu/handle/1808 /29878
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